Sobre las ejecuciones de campesinos y líderes populares en el Bajo Aguán y el acelerado deterioro de la situación de los derechos humanos en Honduras
“Este es el momento en que callar es un crimen”
“Quien mira cometer un crimen y lo calla, lo comete”
“Guardar silencio es compartir el crimen”
A la comunidad nacional, al gobierno de la república y a la comunidad internacional:
Los regímenes surgidos después del golpe de Estado de junio de 2009, ungidos por el gobierno norteamericano, por la camarilla empresarial que ha saqueado el país y por las iglesias fundamentalistas, han reeditado la represión que, en la década del ochenta, sumió a Honduras en el dolor.
Si ayer un militarismo fanático, fascista y brutal entrenó y formó grupos de asesinos para que secuestraran, mataran y desaparecieran selectiva y clandestinamente a dirigentes populares y políticos, hoy, ese militarismo que por muchos años se mantuvo larvado, reeditado quizás ahora con mejor equipo y mayores entusiasmos antipopulares, ha vuelto a la luz para emprender tareas de exterminio en el lugar que les señalen.
En el campo y la ciudad, en las manifestaciones de ciudadanos indignados por la crisis y el golpe, en los desfiles de estudiantes y maestros, allí donde haya una protesta de gente libre, se hace presente el aparato de muerte con las tanquetas, los fusiles, las bombas, las pistolas bajo el falaz argumento de que -sometidos al imperio del orden dominante y el silencio fraguados por las armas- florecen el progreso, la democracia y la convivencia.
Justo cuando se suponía que tenía que mejorar esa situación, a raíz del Acuerdo de Cartagena y cuando los presidentes de Honduras y Colombia declaran que se está cumpliendo con el compromiso de respeto a los derechos humanos, los hechos sangrientos de los últimos días revelan una involución, especialmente porque se ha criminalizado al movimiento campesino señalando la existencia de vínculos con fuerzas guerrilleras entrenadas y financiadas por gobiernos extranjeros y con narcotraficantes cuyos socios son otros.
Si la situación es grave en todo el país, en el agro y especialmente en la región del Bajo Aguán, es insostenible. El cómputo de los muertos ya sobrepasa al medio centenar.
El envío de contingentes militares regulares pretende desviar o desdibujar la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en la presencia de escuadrones de asesinos y en la protección a elementos represivos de índole particular que campean en la región y los cuales se conocen por su vocación provocadora y homicida. Asimismo, la forma cómo se está manejando el problema permite deducir que lo que se busca es agotar la capacidad de lucha de los campesinos para imponer una solución mediatizada que privilegie los intereses de grandes empresarios del agro en la zona.
Pero la ceguera del gobierno, sus compromisos con la gran empresa y su desconocimiento de las leyes sociales les impide ver que, en la lucha campesina, no habrá agotamiento y que, de no encontrarse pronto una solución justa y democrática a la problemática agraria, la región del Aguán puede convertirse en la puerta de entrada para acciones de mayor envergadura en donde estaría comprometido todo el futuro del país.
Se ha llegado a una etapa clave en la escalada violenta; un momento dramático y sangriento que nos obliga, a los firmantes académicos e intelectuales, artistas y creadores de las más diversas filiaciones, a denunciar el comportamiento vil de las fuerzas que pretenden resolver los conflictos estructurales latentes de nuestra sociedad por la vía del crimen político, del asesinato a sangre fría y la intimidación de las organizaciones.
Nos escandaliza, también, que, pese a la evidencia, la generalidad del sistema mediático, identificado con el golpe de estado y que repite las líneas de la propaganda oficialista, desestima los síntomas de degradación social y política y continúa fingiendo que aquí no pasa nada. Así, los feminicidios se imputan, como dice la policía, al perfil de las víctimas; se afirma que los crímenes contra los líderes populares son producto de la delincuencia común; se vinculan al narcotráfico o son el resultado de riñas intestinas. Se ha llegado, incluso, al extremo de minusvalorar o tergiversar el asesinato de un estudiante adolescente que participaba en una manifestación pacífica en el portón de su escuela.
Los crímenes permanecen en perfecta impunidad y se reproducen cada vez con mayor saña y crueldad, en el marco de una estrategia para infundir el miedo, castrar el ánimo batallador de nuestro pueblo y matar su esperanza.
Entendemos la importancia de la agroindustria y de la seguridad jurídica, que solo puede establecerse sobre una ley consensuada. No pretendemos dictar líneas de política, sino llamar la atención sobre el salvajismo con el cual se pretende sofocar las justas demandas sociales. La violencia incontrolable supone un Estado incapaz de mantener el orden y garantizar la convivencia, atributos sine qua non de la soberanía y la legitimidad.
Por lo anterior, los abajo firmantes, urgimos a la comunidad internacional y nacional a pronunciarse contra el desangramiento permanente que ocurre en el Bajo Aguán. Cada vida segada en aras de satisfacer los intereses de la oligarquía nacional y de sus vínculos transnacionales económicos y políticos, es un crimen más de lesa humanidad que aleja la posibilidad de reconstruir la convivencia.
Rodolfo Pastor Fasquelle, historiador; Darío A. Euraque, historiador; Teresa de Maria Campos, antropóloga y artista; Helen Umaña, escritora; Isadora Paz, socióloga y artista de la danza; Aníbal Delgado Fiallos, sociólogo; Mario Gallardo, escritor; Rafael Murillo Selva, dramaturgo y director teatral; Mario Ardón Mejía, antropólogo; Adrienne Pine, antropóloga; Armando García, escritor y fotógrafo; Geraldina Tercero, antropóloga; Roberto Quesada, escritor; Lucy Pagoada, profesora universitaria; Manuel de Jesús Pineda, escritor; Roxana Pastor Fasquelle, educadora; Guillermo Mejía, periodista; Eduardo Bähr, escritor; Suyapa Portillo, historiadora; José Antonio Fúnes, escritor; Dana Frank, historiadora; Julio Escoto, escritor, Patricia Murillo, periodista; Gustavo Larach, historiador; María de los Ángeles Mendoza, historiadora; Allan Fajardo, sociólogo; Anarella Vélez, historiadora; Emilio Guerrero, escritor; Jorge Martínez, escritor; Sergio Raúl Rodríguez, músico; Víctor Manuel Ramos, escritor; Gustavo Zelaya, filósofo e historiador; Rosa María Messén Ghidinelli, socióloga; Jorge Amaya Banegas, historiador; Daniel Reichman, antropólogo; Oscar Puerto Posas, economista; Russell Sheptak, historiador; Rosemary Joyce, antropóloga; Mauricio de Maria Campos, economista y diplomático; Candelario Reyes, teatrista y gestor cultural;, Iris Mencía, poeta y periodista; Joaquín Portillo, historiador; Rebeca Becerra, escritora, Isbela Orellana, socióloga; Omar Pinto, artista; Edgar Soriano, historiador; Thomas Conteris, periodista; Tito Estrada, dramaturgo; Natalie Roque, historiadora; César Lazo, periodista y escritor; Fabricio Estrada, poeta; Ricardo Salgado, politólogo; Soledad Altamirano, poeta; Rodolfo Pastor Campos, politólogo y diplomático; Lety Elvir, escritora.
Honduras, 1 de Septiembre 2011
On the murders of campesinos and popular leaders in the Bajo Aguán region and the accelerated deterioration of human rights in Honduras
This is the moment in which silence becomes a crime.
He who witnesses a crime and remains silent, commits it.
To remain silent is to share in the crime.
To the national community, the government of the Republic and the international community:
The regimes that arose from the June 2009 Coup d'État, annointed the the U.S. government, the business lobby that has ransacked the country and fundamentalist churches, have brought about a resurgence of the repression that in the decade of the 1980s, plunged Honduras into suffering.
If yesterday it was a fanatical, fascist and brutal militarism that trained and formed groups of assassins to selectively and clandestinely kidnap, kill and disappear popular leaders and politicians, today, that militarism that for many years lay dormant, enhanced with better equipment and greater antidemocratic enthusiasm, has returned to undertake the task of extermination wherever it is directed.
In the country and city, in the protests of citizens outraged by the crisis and the coup, in the students' and teachers' marches, wherever free people gather to protest, the apparatus of death is brought in with armored cars, rifles, teargas canisters, and pistols under the fallacious argument that it is through the rule of law and silent acquiescence forged by arms that progress, democracy and coexistence flourish.
Just when the situation was supposed to improve based on the Cartagena Accords and when the presidents of Honduras and Colombia had declared that the promise to respect human rights is being kept, the bloody acts of recent days have revealed a regression, in particular because the campesino movement has been criminalized through allegations of ties with guerrilla forces trained and financed by foreign governments.
While the situation is dire throughout the country; in the agricultural sector and particularly in the Bajo Aguán region it is unsustainable. The death count, since the date in question [June 28, 2009?], has surpassed 50.
Sending military forces is an attempt to distract from or blur the responsibility of the Armed Forces for the presence of death squads and in the protection of the repressive forces stationed in the region and known for their particularly provocative and homicidal vocation. Likewise, the way in which the problem is being addressed allows us to deduce that what is being sought is to exhaust the campesinos' ability to fight in order to impose a predetermined solution privileging the interests of large agri-business owners in the region.
But the blindness of the government, its commitment to big business and failure to recognize civil rights laws prevents it from seeing that, in the campesino struggle, the ability to fight will not be exhausted and that, in the absence of a just and democratic solution to the agrarian problem in the near future, the Aguán region could open the floodgates for actions of greater magnitude that would threaten the future of the entire country.
The escalation of violence has reached a key stage; a dramatic and bloody moment that obligates us, as academic and intellectuals, artists and creative workers of the most diverse affiliations, to denounce the vile behavior of the forces that attempt to resolve the latent structural conflicts in our society through political crimes, cold-blooded murder and intimidation of grassroots organizations.
Additionally, we are shocked that, despite all the evidence, the majority of the media, identified with the coup d'état and dedicated to repeating the official propaganda line, ignores the symptoms of social and political decay and goes on pretending that nothing is happening. As such, femicides are blamed, as the police state, on the victim; crimes against leaders of popular movements are unquestioningly attributed to common crime, drug trafficking or internal battles. They have even reached the extreme of brushing aside and distorting the facts behind the murder of an adolescent student who was participating in a peaceful protest at the entrance to his school.
These crimes continue to be met with total impunity and are carried out with greater and greater viciousness and cruelty, within the framework of a strategy to instill fear and neutralize our nation's will to fight.
We do not aim to dictate a political economic or social course of action, but rather to call attention to the savagery being used to stifle fair and just social demands. Violence indicates a State incapable of governing, maintaining order and protecting our coexistence, attributes that are the sine qua non of sovereignty and legitimacy.
In view of the above, we urge the national and international community to take a stand against the permanent bloodshed happening in the Bajo Aguán. Each life cut short for the sake of satisfying the interests of the national oligarchy and its transnational economic and political ties, is one more crime against humanity that distances us further from the possibility of rebuilding our coexistence.