Cuando escribo estas notas, la Resistencia ha contabilizado a una treintena de sus miembros asesinados por las fuerzas represivas. Vidas útiles cuyo delito fue no aceptar la imposición de un régimen ilegítimo y dictatorial y desear construir una Honduras más justa mediante la convocatoria a una nueva Asamblea Constituyente. Vidas dignas, sacrificadas por las fuerzas siniestras que dirigen el tinglado político del país.
El lunes 19 de este mes se divulgó que el decreto que imponía el estado de sitio, después de dos o tres semanas de calculadas dilatorias, se había publicado en el periódico oficial. Supuestamente, se había restablecido el derecho a disentir, a expresar inconformidad y a manifestar el desacuerdo con ideas o actos con los cuales no se comulga.
Sin embargo, ese día, cuando se inhumaron los restos del dirigente sindical Jairo Sánchez, se asesinó al maestro Eliseo Hernández Juárez, líder ecologista, dirigente de la Resistencia y candidato a vicealcalde en su comunidad. Además se «gaseó» y capturó a manifestantes en San Pedro Sula y Santa Bárbara. Entre los capturados estaba Julio Corea, Procurador de los Derechos Humanos que fue vapuleado salvajemente. El martes, en la primera ciudad, se reprimió la marcha de varias organizaciones feministas y, en Tegucigalpa, se asesinó a Marcos Martínez, dirigente de la colonia Divanna. Siempre en la capital, el miércoles se hirió de gravedad a Marcos A. Garay, presidente del Comité de Patronatos de Honduras y se capturó a varios de sus miembros. El 21, en San Pedro Sula, los represores agredieron de nuevo en el parque central. Todo esto ratifica que, en Honduras, la ley es papel mojado y sólo sirve para tratar de engañar al mundo. En la práctica, la maquinaria represiva está bien engrasada y no se detiene.
Ni se detendrá. Honduras gira ya en una espiral de violencia que puede durar un tiempo indefinido. Para estar de acuerdo con ese escenario, los medios desinformativos han recargado baterías con el propósito de condicionar la mente de los receptores para que acepten y vean como normal o justificada la intensificación de una operación de aniquilamiento que baraje lo selectivo y lo indiscriminado como forma de sembrar el terror y amedrentar a la disidencia. Los blancos ya están señalados: líderes populares específicos, pero también cualquiera que externe públicamente su descontento. Por los indicios que saturan el ambiente —a menos que, como por milagro, surjan fuerzas que se opongan a la locura fascista—, se está a un paso de reeditar la versión hondureña —corregida y aumentada— de la terrible historia que se vivió en décadas pasadas en otros países de Centroamérica.
El maquiavélico plan ya está en camino: intensificar las acusaciones de vandalismo o terrorismo contra los miembros de la Resistencia a la que se pretende criminalizar endilgándole el membrete de movimiento armado, insurgente o guerrillero. Las informaciones sobre supuestas compras de armas en los países vecinos apuntan hacia ese objetivo. Pronto veremos que cualquier acción punible que no pueda aclararse se le endilgará a la Resistencia a la que se asimilará, aún más, con las «maras» o con cualquier grupo disociador.
Ese contexto explica el aterrador mensaje de odio y exterminio formulado por Juan Ramón Martínez quien exhorta al Tribunal Supremo Electoral (léase ejército y policía) a que aplique «el látigo para detener a quienes pretenden turbar la tranquilidad nacional y comprometer el futuro de las nuevas generaciones» (La Tribuna, 20.10.2009). Una clara directriz metodológica dentro del criminal engranaje que pretende conducir al país a una guerra civil o a una situación de anarquía generalizada que tendría tres beneficiarios inmediatos: el régimen dictatorial que se implantaría definitivamente; los fabricantes y vendedores de armas y los consorcios farmacéuticos. Y con una especie de humor macabro también podríamos incluir a las empresas funerarias y a los fabricantes de ataúdes.
Desde el momento en que surge, la Resistencia ha enarbolado, como bandera de lucha, la no violencia. La resistencia activa. La desobediencia civil. Alimentada de un profundo pacifismo que reniega de la guerra como instrumento para dirimir los conflictos, con reiterada convicción, la Resistencia se ha opuesto a toda forma que implique el uso de la fuerza, ya que éste es un mecanismo irracional, antihumano y cavernario.
Esa filosofía de lucha hizo que la Resistencia encontrara un eco inmediato en inmensas capas poblacionales sin discriminación de ninguna especie: miembros de las diferentes etnias, campesinos, obreros, maestros, profesores y estudiantes universitarios, pintores, teatristas, maestros, médicos, escritores, periodistas, poetas, abogados, historiadores, amas de casa, comerciantes, personas de la tercera edad, candidatos a cargos de elección popular, músicos, religiosos católicos, pastores evangélicos, monjas, feministas, militantes de partidos políticos, etc.
Pero jamás, los miles y miles de hondureños que nos hemos integrado a la Resistencia hemos visto un arma o leído algún instructivo sobre formas de ataque o algo parecido. Asimismo, en cada caminata, un férreo comité de vigilancia ha impedido desmanes y acciones provocativas. Inclusive, han detectado a infiltrados con armas que han entregado a los cuerpos policiales.
Por eso mismo, nunca, en la historia del país, había surgido un movimiento con tal capacidad de convocatoria. Además, no se piense que está muerto. Ciento veinte días de lucha, que implican incalculables sacrificios personales: muertos, gaseados, capturados, toleteados y agredidos de mil maneras, no han hecho más que incrementar la rebeldía y la determinación de continuar oponiéndose a la arbitrariedad, razón por la cual se rechaza un proceso eleccionario impuesto, ilegal y «tutelado» por la mano militar.
Sólo un ciego mental o un espíritu obnubilado por el odio personal a Mel Zelaya puede equiparar ese conglomerado humano con hordas anárquicas y vandálicas. Al respecto, en el artículo citado, se vierten conceptos dignos de incluirse en una antología de la infamia: «La población le ha tomado la medida a la resistencia. Sabe que los seguidores de Zelaya, turbados por la falta de dirección conjunta, sólo actúan bien cuando se imponen la meta inmediata de destruir vidrieras, meterle fuego a los edificios o pintar vulgaridades en iglesias, edificios públicos o en las residencias de los líderes que les han plantado cara. Saben que no les motivan ideales que trasciendan más allá de la paga, la oportunidad de hacer turismo revolucionario; o la anticipación de soñar en recibir algunos beneficios que resulten de quitarles los bienes a los ricos para repartirlos entre los pobres». Palabras que, más que mellar a la Resistencia, vulneran conceptos éticos. Pero esto último, por cierto, parece excluido del vocabulario y de la práctica política golpista.
El lunes 19 de este mes se divulgó que el decreto que imponía el estado de sitio, después de dos o tres semanas de calculadas dilatorias, se había publicado en el periódico oficial. Supuestamente, se había restablecido el derecho a disentir, a expresar inconformidad y a manifestar el desacuerdo con ideas o actos con los cuales no se comulga.
Sin embargo, ese día, cuando se inhumaron los restos del dirigente sindical Jairo Sánchez, se asesinó al maestro Eliseo Hernández Juárez, líder ecologista, dirigente de la Resistencia y candidato a vicealcalde en su comunidad. Además se «gaseó» y capturó a manifestantes en San Pedro Sula y Santa Bárbara. Entre los capturados estaba Julio Corea, Procurador de los Derechos Humanos que fue vapuleado salvajemente. El martes, en la primera ciudad, se reprimió la marcha de varias organizaciones feministas y, en Tegucigalpa, se asesinó a Marcos Martínez, dirigente de la colonia Divanna. Siempre en la capital, el miércoles se hirió de gravedad a Marcos A. Garay, presidente del Comité de Patronatos de Honduras y se capturó a varios de sus miembros. El 21, en San Pedro Sula, los represores agredieron de nuevo en el parque central. Todo esto ratifica que, en Honduras, la ley es papel mojado y sólo sirve para tratar de engañar al mundo. En la práctica, la maquinaria represiva está bien engrasada y no se detiene.
Ni se detendrá. Honduras gira ya en una espiral de violencia que puede durar un tiempo indefinido. Para estar de acuerdo con ese escenario, los medios desinformativos han recargado baterías con el propósito de condicionar la mente de los receptores para que acepten y vean como normal o justificada la intensificación de una operación de aniquilamiento que baraje lo selectivo y lo indiscriminado como forma de sembrar el terror y amedrentar a la disidencia. Los blancos ya están señalados: líderes populares específicos, pero también cualquiera que externe públicamente su descontento. Por los indicios que saturan el ambiente —a menos que, como por milagro, surjan fuerzas que se opongan a la locura fascista—, se está a un paso de reeditar la versión hondureña —corregida y aumentada— de la terrible historia que se vivió en décadas pasadas en otros países de Centroamérica.
El maquiavélico plan ya está en camino: intensificar las acusaciones de vandalismo o terrorismo contra los miembros de la Resistencia a la que se pretende criminalizar endilgándole el membrete de movimiento armado, insurgente o guerrillero. Las informaciones sobre supuestas compras de armas en los países vecinos apuntan hacia ese objetivo. Pronto veremos que cualquier acción punible que no pueda aclararse se le endilgará a la Resistencia a la que se asimilará, aún más, con las «maras» o con cualquier grupo disociador.
Ese contexto explica el aterrador mensaje de odio y exterminio formulado por Juan Ramón Martínez quien exhorta al Tribunal Supremo Electoral (léase ejército y policía) a que aplique «el látigo para detener a quienes pretenden turbar la tranquilidad nacional y comprometer el futuro de las nuevas generaciones» (La Tribuna, 20.10.2009). Una clara directriz metodológica dentro del criminal engranaje que pretende conducir al país a una guerra civil o a una situación de anarquía generalizada que tendría tres beneficiarios inmediatos: el régimen dictatorial que se implantaría definitivamente; los fabricantes y vendedores de armas y los consorcios farmacéuticos. Y con una especie de humor macabro también podríamos incluir a las empresas funerarias y a los fabricantes de ataúdes.
Desde el momento en que surge, la Resistencia ha enarbolado, como bandera de lucha, la no violencia. La resistencia activa. La desobediencia civil. Alimentada de un profundo pacifismo que reniega de la guerra como instrumento para dirimir los conflictos, con reiterada convicción, la Resistencia se ha opuesto a toda forma que implique el uso de la fuerza, ya que éste es un mecanismo irracional, antihumano y cavernario.
Esa filosofía de lucha hizo que la Resistencia encontrara un eco inmediato en inmensas capas poblacionales sin discriminación de ninguna especie: miembros de las diferentes etnias, campesinos, obreros, maestros, profesores y estudiantes universitarios, pintores, teatristas, maestros, médicos, escritores, periodistas, poetas, abogados, historiadores, amas de casa, comerciantes, personas de la tercera edad, candidatos a cargos de elección popular, músicos, religiosos católicos, pastores evangélicos, monjas, feministas, militantes de partidos políticos, etc.
Pero jamás, los miles y miles de hondureños que nos hemos integrado a la Resistencia hemos visto un arma o leído algún instructivo sobre formas de ataque o algo parecido. Asimismo, en cada caminata, un férreo comité de vigilancia ha impedido desmanes y acciones provocativas. Inclusive, han detectado a infiltrados con armas que han entregado a los cuerpos policiales.
Por eso mismo, nunca, en la historia del país, había surgido un movimiento con tal capacidad de convocatoria. Además, no se piense que está muerto. Ciento veinte días de lucha, que implican incalculables sacrificios personales: muertos, gaseados, capturados, toleteados y agredidos de mil maneras, no han hecho más que incrementar la rebeldía y la determinación de continuar oponiéndose a la arbitrariedad, razón por la cual se rechaza un proceso eleccionario impuesto, ilegal y «tutelado» por la mano militar.
Sólo un ciego mental o un espíritu obnubilado por el odio personal a Mel Zelaya puede equiparar ese conglomerado humano con hordas anárquicas y vandálicas. Al respecto, en el artículo citado, se vierten conceptos dignos de incluirse en una antología de la infamia: «La población le ha tomado la medida a la resistencia. Sabe que los seguidores de Zelaya, turbados por la falta de dirección conjunta, sólo actúan bien cuando se imponen la meta inmediata de destruir vidrieras, meterle fuego a los edificios o pintar vulgaridades en iglesias, edificios públicos o en las residencias de los líderes que les han plantado cara. Saben que no les motivan ideales que trasciendan más allá de la paga, la oportunidad de hacer turismo revolucionario; o la anticipación de soñar en recibir algunos beneficios que resulten de quitarles los bienes a los ricos para repartirlos entre los pobres». Palabras que, más que mellar a la Resistencia, vulneran conceptos éticos. Pero esto último, por cierto, parece excluido del vocabulario y de la práctica política golpista.
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